El 19 de noviembre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera (LIE), mediante el cual se establece un nuevo mecanismo de revisión de inversiones extranjeras en sectores estratégicos para la seguridad nacional.
La reforma, que entrará en vigor el 20 de noviembre de 2026, amplía las facultades de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) para evaluar, condicionar o impedir determinadas adquisiciones de sociedades mexicanas por inversionistas extranjeros.
Nuevos requisitos de autorización para inversiones extranjeras
La incorporación del Título Sexto Bis a la LIE establece un procedimiento especial de revisión por razones de seguridad nacional.
Conforme al artículo 30 Bis, será necesaria una resolución favorable de la CNIE cuando concurran tres condiciones: que la inversión extranjera pretenda participar, directa o indirectamente, en más del 49% del capital social de una sociedad mexicana; que el valor total de sus activos supere el monto que determine la autoridad mediante resolución general; y que la sociedad desarrolle actividades económicas comprendidas en los sectores sujetos a revisión.
Entre las actividades contempladas destacan infraestructura energética y de transporte, minería, comunicaciones, inteligencia artificial, ciberseguridad, semiconductores, tratamiento y almacenamiento de datos, suministro de materias primas y seguridad alimentaria.
La reforma no prohíbe de manera general la adquisición de más del 49% del capital de sociedades mexicanas por inversionistas extranjeros, sino que establece una autorización adicional para determinadas operaciones. Su alcance también comprende inversiones indirectas, por lo que deberán analizarse las adquisiciones mediante sociedades controladoras o estructuras corporativas extranjeras.
Asimismo, cuando el valor de los activos no supere el umbral establecido por la CNIE, pero la participación extranjera pretendida exceda el 49%, los interesados podrán presentar voluntariamente una solicitud de revisión, conforme al artículo 30 Bis.
Facultades de revisión y nuevas condiciones para las adquisiciones
De conformidad con los artículos 30 Ter, 30 Quater y 30 Quinquies, la solicitud deberá presentarse conjuntamente por la sociedad mexicana y el inversionista extranjero. La CNIE contará con 45 días hábiles para resolver y podrá autorizar la adquisición, condicionarla a medidas de mitigación de riesgos para la seguridad nacional o impedir su realización.
Las autorizaciones podrán incorporar obligaciones de información periódica y mecanismos de supervisión sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas.
En estos procedimientos no resultará aplicable la afirmativa ficta, por lo que el vencimiento del plazo sin resolución no implicará que la adquisición se encuentre autorizada.
En consecuencia, las operaciones sujetas a autorización deberán considerar mecanismos contractuales para atender retrasos administrativos, condiciones impuestas por la autoridad o resoluciones desfavorables, particularmente mediante condiciones suspensivas y previsiones relacionadas con el cierre de la operación.
Sanciones por incumplimiento y posibles medidas de desinversión
La modificación al artículo 38 de la LIE establece sanciones cuando se realicen adquisiciones sin la autorización correspondiente o se incumplan las medidas de mitigación impuestas por la CNIE.
Estas infracciones podrán sancionarse con multas de 5,000 a 200,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Adicionalmente, la Comisión podrá ordenar la desinversión de los activos adquiridos, otorgando un plazo de 90 días hábiles, prorrogable por un periodo igual, para realizar su desincorporación.
Estas disposiciones generan riesgos legales y patrimoniales que deberán considerarse previamente a la formalización de operaciones corporativas.
Aspectos pendientes de definición y seguridad jurídica
Aunque la reforma establece los elementos generales del procedimiento, su aplicación dependerá de disposiciones administrativas posteriores, particularmente de la determinación del umbral económico que hará obligatoria la autorización de la CNIE, cuya publicación deberá realizarse dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto.
Esta situación genera incertidumbre sobre la exigibilidad del procedimiento durante el periodo en que dicho parámetro aún no se encuentre definido.
Asimismo, el artículo 30 Bis permite a la CNIE incorporar otras actividades o sectores económicos análogos o de similar naturaleza mediante resolución general, ampliando los supuestos que podrían quedar sujetos a revisión.
Por otra parte, las facultades para condicionar o impedir adquisiciones por razones de seguridad nacional deberán ejercerse conforme a los principios de legalidad, fundamentación y motivación de los actos administrativos, garantizando certeza sobre los criterios y condiciones aplicables.
Implicaciones jurídicas para las empresas y los inversionistas
La reforma exige prestar especial atención a las estructuras de participación extranjera, las actividades económicas desarrolladas y los procedimientos de adquisición de sociedades mexicanas, particularmente cuando involucren operaciones indirectas o sectores sujetos a revisión.
Asimismo, será necesario considerar los plazos de autorización, las posibles condiciones impuestas por la CNIE y las resoluciones generales que posteriormente emita, a fin de identificar anticipadamente las obligaciones aplicables y prevenir contingencias regulatorias.
Para COEL Abogados, esta modificación representa un cambio relevante en el marco jurídico de la inversión extranjera en México, al incorporar consideraciones de seguridad nacional en determinadas operaciones corporativas.
En este contexto, la planeación jurídica y la revisión anticipada de las estructuras societarias serán fundamentales para proporcionar certeza a los inversionistas y reducir los riesgos de incumplimiento.