En una reciente publicación de la revista, El Sol de San Luis tuvimos el honor de presentar un breve articulo sobre el nuevo Impuesto por la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera en San Luis Potosí.
De acuerdo con el análisis del despacho, la Ley de Hacienda estatal presenta diversas irregularidades legales. Un ejemplo destacado es que no se ha otorgado el periodo mínimo de un mes para que los contribuyentes puedan conocer y ajustarse administrativamente a las Reglas de operación de carácter general para el cumplimiento y pago del impuesto, las cuales, hasta ahora, no han sido publicadas en el Periódico Oficial del Estado (POE). Esta omisión contradice la disposición de que dichas reglas deberían entrar en vigor junto con el impuesto el 1 de enero de 2025.
Además, los especialistas subrayaron que, aunque en la exposición de motivos se justificó el aplazamiento del impuesto para brindar más tiempo al Gobierno Estatal para informar a los contribuyentes y preparar las reglas de operación, este objetivo no se ha cumplido. La ausencia de dichas reglas evidencia una falta de preparación.
El despacho también advirtió sobre las afectaciones significativas a los derechos fundamentales de diversas industrias, como las cementeras, textiles, petroleras, ganaderas y constructoras, entre otras. En particular, señalaron que la metodología para determinar la cuota del impuesto no está respaldada por estudios técnicos y que las tarifas son desproporcionadas en comparación con otros estados como el Estado de México (58 pesos) y Guanajuato (45 pesos).
Asimismo, criticaron que el impuesto se enfoque en fiscalizar únicamente ciertos gases como el dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno, dejando fuera otros contaminantes de igual o mayor impacto, como el gas ozono o compuestos halogenados, los cuales están asociados a industrias predominantemente extranjeras.
Ante estas irregularidades, en COEL Abogados & COEF Contadores te recomendamos interponer un Juicio de Amparo Indirecto ante los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Este recurso busca proteger a las empresas contra el cobro excesivo del impuesto y cualquier sanción, multa o clausura derivada de su implementación.
