Quien contrate un servicio outsourcing se vuelva prácticamente la autoridad y deberá recabar todos los comprobantes del tercero. Una obligación por demás excesiva.
El 20 de octubre la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Congreso sorprendió con el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación.
Dicho proyecto causa ruido en el ámbito de la subcontratación laboral, puesto que pretenden adicionar una fracción al artículo 27 de la LISR, en el cual exigen al contratante recabar copia de los comprobantes fiscales por el concepto de pago de salarios, de los acuses de recibo, así como de la declaración de entero de las retenciones de impuesto y pago al IMSS.
El legislador pretende que quien contrate un servicio de outsourcing se vuelva prácticamente la autoridad y recabe todos los comprobantes del tercero. Una obligación por demás excesiva para los contribuyentes.
No todo termina ahí, al día siguiente de la novedad de los legisladores, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió un criterio, a través del cual se cataloga como actividad vulnerable la subcontratación laboral.
Algo sumamente grave, ya que ahora se encontrarán obligados a lo que señala la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y en caso de no cumplir, serán sujetos a multas o años de prisión.
Tic, toc… Llegó la hora, SCHP cada vez más cerca del outsourcing.
