Los controles internos son elementos indispensables en el funcionamiento y operación de las empresas, el cual tiene un gran efecto en la veracidad de la información que genera la empresa.
Con la reforma fiscal de 2014, se implementó el artículo 69-B, que viene a ser la herramienta más agresiva de fiscalización en contra de los contribuyentes, puesto que señala un procedimiento para las a las empresas que supuestamente facturan operaciones simuladas, así como a las que indiciariamente deducen operaciones simuladas (compra de facturas).
Lo preocupante de este artículo, es que es únicamente una presunción por parte de la autoridad fiscalizadora, ya que la facultad que le confiere el Código es para tener a una empresa dentro de la lista negra, por el solo hecho de supuestamente no contar con activos, personal o infraestructura para llevar a cabo su actividad.
El problema radica en que, al aparecer en esta lista, automáticamente la empresa “muere” en términos fiscales, ya que todos los comprobantes que haya emitido desde su constitución, hasta la fecha del oficio, dejan de surtir efectos.
Todos aquellos que hayan celebrado operaciones con esa empresa, tendrán únicamente 30 días, para manifestar lo que a su derecho convenga, o bien, a corregir su situación fiscal.
Por lo tanto, en COEL Abogados y COEF Contadores, al detectar que, en este año, han incrementado las empresas que se ubican en el supuesto del 69-B, ofrecemos el servicio de “Controles Internos en Materia del 69-B del Código Fiscal de la Federación”.
Lo que se busca con este servicio es implementar controles internos en todos los niveles de la empresa, para el efecto de que todas las operaciones se encuentren debidamente materializadas, con comprobantes que amparen la adquisición de los bienes o la prestación de los servicios, los contratos que avalen la operación, las órdenes de compra, la carta porte de la empresa transportista, entre otros que por cada giro del negocio son diferentes.
Con este servicio, su empresa reducirá el riesgo de caer en actos que la autoridad estima como delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación, y/o en sumas elevadas a pagar por concepto de créditos fiscales.
