El pasado miércoles 15 de diciembre, el Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general la reforma a su Código Fiscal para el próximo 2022, con el cual, se pretenden fiscalizar los ingresos que perciben las aplicaciones digitales que ofrecen entrega de alimentos y mercancía.
Precisamente, con la adición de un artículo 307 Ter, el Código Fiscal de la CDMX ha establecido el cobro de un aprovechamiento por el 2 % del costo por cada entrega que se realice a través de estas aplicaciones y plataformas tecnológicas como UberEats, Rappi, DiddiFood, Amazon, MercadoLibre, etcétera.
La justificación para este aprovechamiento radica en que, para llevar a cabo sus entregas, las aplicaciones digitales (a través de sus repartidores) necesitan hacer uso de la infraestructura en la Ciudad de México, ameritando por ello que la capital perciba una parte del ingreso obtenido en esas transacciones.
Con esta reforma, y en adición a los impuestos para los espectáculos por streaming y los hospedajes con plataformas digitales como intermediarias, el Gobierno de la Ciudad de México se mantiene firme en su postura de recaudar a través del comercio electrónico, el cual ha crecido exponencialmente a consecuencia de la propagación del COVID-19.
El cobro del aprovechamiento por el 2 % del costo de la entrega deberá ser pagado por las empresas que gestionen la aplicación digital, mismos que deberán pagar la contribución a más tardar los días 15 de cada mes ante la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, especificando además el número de entregas realizadas en el mes.
No obstante, con esta medida se estima que la Ciudad de México no está atendiendo a la Política del Gobierno Federal tendiente a no crear nuevos impuestos que obstaculicen la recuperación económica post-covid, aunado a la contravención al acuerdo de no establecer más impuestos al comercio digital previamente firmado por México con la OCDE (Organización para el Desarrollo y Crecimiento Económico).
Sin embargo, aplicando esta nueva contribución bajo el esquema de “aprovechamiento”, en COEL Abogados se prepara la interposición de juicios de amparo en contra de las ilegalidades de esta reforma, así como por afectarse a toda una cadena de suministro, en la que se incluyen restaurantes, repartidores y también a los usuarios finales, quienes sin duda serán los que resentirán en su bolsillo este nuevo gravamen.
